En la tramitación de los expedientes sancionadores de las Administraciones Públicas, resulta muy frecuente que las notificaciones personales dirigidas a los presuntos infractores no surtan efecto por error o desconocimiento del domicilio donde poder practicarlas. En tales casos, la Administración suele recurrir a la notificación edictal en tablones de anuncios o diarios oficiales para suplir tales carencias pero sin agotar todas las posibilidades de averiguación del actual domicilio del interesado, dando así por cumplido el trámite obligatorio de notificación y llegando a imponer la sanción correspondiente sin conocimiento ni posibilidad de defensa alguna por parte del presunto infractor.

En tales casos, una reiterada jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional viene considerando que la Administración infringe el deber de diligencia que para la realización de los actos de comunicación le es exigida, y esa falta de diligencia de la Administración, dados los medios con que cuenta para averiguar el verdadero domicilio donde practicar con éxito la notificación personal de sus actos sin recurrir al medio extraordinario de la notificación edictal, vulnera claramente el derecho fundamental a la defensa del presunto infractor al no respetar procedimiento contradictorio alguno.

Dicha jurisprudencia constitucional permite en nuestros días a muchos afectados, que resultan sancionados en firme por las Administraciones Públicas sin haber tenido posibilidad de presentar alegaciones o recurrir la resolución en plazo, pedir que se declare la nulidad de pleno derecho de tales actos o resoluciones administrativas sancionadoras, alegando como motivo de nulidad la vulneración de su derecho fundamental a la defensa en el procedimiento sancionador, basando tal vulneración en la omisión, por parte de la Administración competente, de su deber de agotar todos los medios de comunicación efectiva y directa al interesado.